La violencia de género cuenta con la normalidad impuesta por una cultura androcéntrica para justificarla y retenerla en el hogar, como si se tratara de una circunstancia más de la vida en pareja. Ninguna otra violencia lleva a sus víctimas a decir del agresor “me pega lo normal”, o a justificarlo comentando que “yo le he dado motivo para que me agreda”. Ninguna otra violencia cuenta en la Unión Europea con un 2% de población (Eurobarómetro de 2010) que dice que “es aceptable en algunas circunstancias”, y con 1% que afirma que está justificada “en cualquier circunstancia”. Tampoco ninguna otra violencia encuentra una justificación en el alcohol, las drogas, los trastornos mentales, las enfermedades psíquicas o en las emociones para llegar a explicar, incluso, los homicidios. Y en ninguna otra violencia los agresores y asesinos cuentan con el amparo de la pasividad de la propia familia de la mujer asesinada, cuando dicen eso de “sabíamos que la maltrataba, pero nunca pensábamos que la iba a matar”.
No es de extrañar ante estas circunstancias que cada año se produzcan en España casi 600.000 casos y que sólo se denuncie un 22% (Macroencuesta de 2011), como tampoco resulta extraño que entre las mujeres asesinadas sólo alrededor de un 20% hayan denunciado la violencia que venían sufriendo, y que las ha conducido hasta la muerte a través de ese homicidio.
Extraña, pero no del todo, que ante esta situación objetiva haya una parte de la sociedad que en lugar de apoyar las acciones para acabar con la violencia de género y con la desigualdad, esté atacando todas las iniciativas y a las personas que buscan alcanzar la Igualdad para dejar sin espacio y argumentos a los violentos. Por eso no es casualidad que desde estos sectores posmachistas, que ya no pueden negar la realidad de la violencia de género, como sí hacía antes el machismo tradicional ante la ausencia de estadísticas, se busque cuestionar su realidad a través del mensaje de las “denuncias falsas”, llegando a afirmar que representan más del 80% cuando la propia Fiscalía General del Estado recoge en su Memoria de 2014 que representan un 0’010%. Además lo hacen con dos argumentos falaces, el primero es la idea de que toda denuncia que no termine en sentencia condenatoria es falsa, argumento rechazado por la misma FGE en su memoria de 2012, cuando dice que la no condena o la falta de pruebas no equivale a que los hechos no hayan ocurrido, algo, por otra parte, bastante habitual en violencia de género cuando las agresiones se producen entre las cuatro paredes del hogar y sin testigos presentes. El segundo de los argumentos carga de intencionalidad la conducta de las mujeres para presentarlas como “dignas herederas” de la Eva perversa del paraíso, y dice que denuncian falsamente para quedarse con la “casa, los hijos y la paga”. Pues bien, el último informe anual del CGPJ, correspondiente a 2013, recoge que el porcentaje de decisiones sobre custodias adoptadas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer representa el 3’3%. Y si nos vamos a las medidas civiles derivadas de las órdenes de protección, comprobamos que del total de denuncias sólo se adoptaron decisiones sobre la atribución de la vivienda en el 3’4%, sobre las suspensión del régimen de visitas en el 0’5%, con relación a la suspensión de la patria potestad en el 0’06%, sobre la suspensión de la guarda y custodia en el 1’1%, y con referencia a la prestación de alimentos en el 4’1%.
Todos estos casos en los que se adoptaron medidas civiles representan el 9’1% del total de denuncias, demostrando que no es cierto que las mujeres utilizan la denuncia como un instrumento para obtener beneficios con relación al uso del domicilio, la custodia de los hijos e hijas, o de carácter económico a través de la prestación de alimentos. Las mujeres ponen la denuncia porque hay hombres que las maltratan y porque quieren salir de la violencia.
Artículo completo: El blues de la violencia, por Miguel Lorente Acosta.
