En la primera parte de este grupo de artículos pudimos observar la tendencia a la baja de las órdenes de protección concedidas. Es decir: cada vez hay más mujeres que denuncian, solicitan orden de protección, y la Administración de Justicia no estima que el peligro que corran sea tan grave como para tomárselo en serio. Cada vez hay un mayor porcentaje de mujeres que denuncian y que quedan totalmente desprotegidas, y en consecuencia el número global de denuncias ha ido también bajando en los últimos años. Produce escalofríos solo de pensarlo.
Pero eso no es todo. Me he tomado el trabajo de ir uno por uno a todos los informes anuales disponibles que publica el Consejo General del Poder Judicial sobre violencia de género, y ver el resultado de las denuncias que tanto nos animan a poner. El cuadro de datos que he obtenido es este.
Puede que los datos así en frío no te digan nada, pero si lo ponemos en un gráfico pueden observarse algunas tendencias significativas. Para empezar, desde 2008 que alcanzan su pico máximo, las denuncias por violencia de género han ido bajando año tras año hasta el 2015, año en que se reactivan las campañas de concienciación a nivel nacional, y especialmente focalizada en adolescentes y jóvenes.
En un primer momento podemos observar que el ratio de renuncias permanece prácticamente estable entorno al 11-12% del total de denuncias, esto es: el porcentaje de mujeres que denuncia y posteriormente se acoge a su derecho a no declarar contra su marido o pareja, es decir, la mujer víctima de violencia de género que ejerció la acusación particular pero posteriormente se apartó, pasando así su estatus procesal al de testigo ordinario en caso de que la fiscalía decida continuar con la acusación. Eso sin contar con el número de denuncias retiradas o no ratificadas, dato que no he conseguido localizar aún en los informes anuales del Consejo General del Poder Judicial, aunque hay datos en la Macroencuesta en la que podemos basarnos.
Aproximadamente un tercio del total de denuncias acaban en sentencia, ya sea esta absolutoria, condenatoria por conformidad (por acuerdo entre las partes en que el acusado acepta la condena propuesta por la fiscalía y la acusación también está conforme, usualmente para evitar el riesgo a una condena superior que impondría un juez, y por lo tanto no es el juez quien tiene que dictar sentencia), o por condena sin conformidad (es el juez quien dicta sentencia). Ampliemos el detalle.
En primer lugar, mientras el número de condenas aumenta y el de renuncias y conformidades permanece estable, observamos que el total de sentencias dictadas tiende a bajar a lo largo de los últimos años, de alrededor de 54.000 en 2009 y 2010 a 46.000 en 2015. Esto incluye varios factores:
- Denuncias que se retiran o no se ratifican. La víctima decide no continuar con el proceso.
- Denuncias que se archivan durante la instrucción y esos casos nunca llegan a ser juzgados.
- Retrasos en el juzgado de instrucción y el caso pasa de un año a otro, acumulándose.
Lo cual nos da una idea de la falta de recursos de la que adolecen los juzgados de violencia sobre la mujer, cada vez más asfixiados por los recortes de presupuesto: no hay apoyo psicológico a las víctimas, nadie se ha tomado la molestia de averiguar por qué de manera sistemática un 12% de las víctimas que denuncia, llegado el momento renuncia o por qué tantas denunciantes retiran la denuncia, nadie se ha interesado por ver qué está pasando, nadie se ha preocupado de poner los medios para que esto no ocurra. Total, sólo son mujeres, ¿a quien le importa?
En segundo lugar, más del 60% del total de sentencias son condenatorias. ¿Por qué, en cambio, 2/3 partes de las denuncias no llegan a nada? ¿Por qué en un 12% de las denuncias la víctima se niega a declarar? ¿Por qué se retiran o no se ratifican un gran número de ellas?
Dicho de otro modo: ¿nos animáis a denunciar PARA QUÉ? ¿Para que más del 60% de las denuncias no lleguen a nada y únicamente supongan un coste emocional altísimo para la víctima, por no mencionar el coste en términos de tiempo, dinero, energía y mantenimiento del vínculo emocional? ¿Para que la mujer que denuncia sea públicamente cuestionada y señalada como la víbora que denunció para joder al ex y porque quería una paguita y quedarse con la casa, el coche y los niños? ¿Vale la pena exponerse a tanto riesgo? ¿En serio nadie va a plantearse que algo se está haciendo muy mal en la administración de justicia en materia de violencia de género?
En los círculos de defensores de los pobres (?) hombres denunciados por maltrato se apunta a que el motivo es que ese sesenta y pico por ciento de denuncias simplemente son falsas. Y las conformidades para evitar una condena mayor, también. Y las renuncias, porque si no quiere declarar es que miente. Todo es mentira, todo son denuncias falsas. ¿Y las condenas? Falsas también. Muchos inocentes en la cárcel cumpliendo condena injustamente. Todo falso. En España quizá haya uno o dos hombres que maltratan a su mujer, pero no más. Porque los que las mataron también son víctimas de mujeres maltratadoras o de mujeres que denuncian en falso. Mujeres que te provocan para que las mates y así arruinarte la vida acusándote falsamente de asesinarlas (?). O porque quiere una pensión vitalicia (?) por poner una denuncia falsa.
Argumentos de defensores de hombres denunciados por maltrato aparte, yo que he vivido el proceso como parte denunciante en primera persona, creo que las causas reales por las que 2 de cada 3 denuncias que se presentan no llegan a término son mucho más complejas y tienen que ver, en general, con la falta de apoyo psicológico a las víctimas, con la dureza del proceso en los juzgados, con la escasa (o nula) sensibilidad demostrada por jueces y fiscales que muchas veces ni siquiera están presentes en el momento de declarar y a pesar de ello tienen un poder de decisión enorme sobre si el proceso sigue adelante o es archivado, con la victimización secundaria y con la vinculación afectiva entre víctima y agresor que no se rompe tampoco por arte de magia en el momento de poner la denuncia.
Una buena aproximación a los motivos por los que tantísimos casos de maltrato no llegan finalmente a ser juzgados nos la puede dar la Macroencuesta de 2015 sobre los motivos por los que las víctimas no denuncian: no conceder suficiente importancia a la violencia de género sufrida (44,6%), miedo (26,56%) y vergüenza (21,08%), carecer de recursos económicos propios (8,36%), autoinculpación (9,22%), dependencia emocional (9,05%), miedo a perder a los hijos/as (8,36%), temor a que se cuestione su credibilidad (8,23%) y, no menos importante, no querer que su pareja o ex pareja fuera arrestada (7,39%) o no querer que sus hijos/as perdiesen a su padre (6,79%) y por disuasión por parte de la propia pareja o de un tercero (3,92%).
Sobre los motivos de las renuncias se interesa también la macroencuesta y revela que en el grupo más amplio, la causa de retirar la denuncia fue que el maltratador “le prometió que no iba a suceder más”. En otro tercio de los casos ella pensó que él podía cambiar o de hecho, notó que cambió, pero en un 28,59% directamente se retractaron por miedo, en un 20,82% por amenazas y en un 24,85%, porque el denunciado era el padre de sus hijos.
Nada que ver, por tanto, con el recurso fácil de pretender que todas las denuncias que acaban en condena es porque son denuncias falsas.
En ningún otro tipo de delito se da una vinculación emocional y afectiva tan fuerte y duradera entre víctima y agresor como en los delitos por violencia de género. Carga la responsabilidad de autoprotegerse sobre una víctima maltratada, deshecha, sin recursos emocionales con los que resistir, muerta de miedo, de auto-culpa, de dudas y de vergüenza, con una dependencia emocional y probablemente económica fortísima de su maltratador. Y sin nadie que la proteja. Ese 60% por ciento de denuncias que no llevan a nada nos habla de sobreseimientos, de archivos por falta de pruebas, pero también en abrumadora mayoría constituyen una prueba de lo difícil que es salir del círculo de la violencia machista sin acompañamiento psicológico y sin protección que ayude en el proceso. Es frecuente que los maltratadores se quejen de que los jueces y los policías “impiden la reconciliación” de la pareja con el mantenimiento de órdenes de alejamiento y medidas de protección. Hablan de reconciliación cuando de lo que hablamos es de la continuación del maltrato.
En contra de lo que nos suelen hacer creer, denunciar no es el final de la violencia, especialmente si la víctima no tiene orden de alejamiento, pero mucho más si la víctima no tiene apoyo y acompañamiento psicológico. Aunque está bastante consolidada la idea de que las denuncias por violencia de género se ponen por joder al ex, si observamos la relación de parentesco entre maltratador y víctima de las órdenes de protección solicitadas, vemos que alrededor del 60% son solicitadas mientras aún dura la relación afectiva, si bien durante los últimos años cada vez es mayor el número de mujeres que lo solicitan una vez han terminado la relación, en el periodo en el que la violencia se agudiza. De ahí la importancia de que el entorno de la víctima no actúe de espaldas a ella o sin su consentimiento.
Pese a que hace más de 10 años que se aprobó la Ley Integral Contra la Violencia de Género, y pese a que se trata de una ley notablemente avanzada y completa en su ámbito, aún falta mucho para desplegarla completamente y lograr todo su potencial. Mal podremos erradicar la violencia de género si no prestamos acompañamiento psicológico a las víctimas que se atreven a dar un paso tan duro como es el de denunciar, si convertimos el proceso en una carrera de obstáculos que enfrentan desprotegidas y machacadas, y si todo lo que encuentran en la administración de justicia es incomprensión y revictimización por parte de quien precisamente debería velar por su protección, y si ante el peligro de regresar a una relación de maltrato la administración no pone medidas que ayuden a esas mujeres a sobrevivir una vez que han dado el primer paso.
