Se ha convertido en un axioma, es decir, una afirmación autoevidente que no requiere demostración, decir que la inmigración masiva en una zona o en un país conlleva el aumento del paro entre la población autóctona menos cualificada, y que los inmigrantes tiran los salarios a la baja puesto que compiten, en teoría, por el mismo tipo de puestos de trabajo manual que no requiere cualificación, los puestos de trabajo son limitados y la presencia de inmigrantes introduce más competencia en el mercado laboral.
Dado que la población recién llegada aún no ha cotizado lo suficiente como para tener derecho a paro, el grupo al que nos referimos en muchos casos tampoco disponen de papeles como permiso de residencia y de trabajo, y carecen de un colchón familiar para hacer frente a las dificultades económicas a las que se enfrentan al llegar, se presupone que estarán dispuestos a aceptar trabajos en peores condiciones y con salarios más bajos que la población local, y por lo tanto provocarán que los sueldos bajen para esos empleos.
Este es el axioma, la teoría supuestamente autoevidente, el presupuesto de partida. Pero, ¿qué nos dice la evidencia empírica? Tenemos datos, y contradicen los prejuicios racistas. Gente sorprendida: cero.
Por ejemplo, el estudio de Foged y Peri (2015). Estudiaron el efecto de la llegada de refugiados al mercado laboral danés entre 1991 y 2008. En particular, analizaron cómo afectó su presencia al colectivo de trabajadores nativos poco cualificados. Las conclusiones a las que llegaron son diametralmente opuestas a las afirmaciones racistas habituales. Las consecuencias directas de la llegada de inmigrantes que detectaron fueron, principalmente, dos:
- Los sueldos de los trabajadores autóctonos menos cualificados SUBIERON.
- Los puestos de trabajo y las condiciones laborales MEJORARON al pasar de empleos manuales a otros con tareas más complejas y en mejores condiciones.
También es interesante, por la intersección entre clase, raza y género, el estudio de Farré, González y Ortega (2011), en el que analizaron el impacto de la llegada de trabajadoras inmigrantes sobre la empleabilidad de las mujeres nativas con cualificación. SPOILER: las mujeres locales también resultaron beneficiadas laboralmente gracias a la inmigración.
De hecho, la llegada de mujeres inmigrantes constituye un parche en todas esas áreas en las que el Estado ha hecho dejación de funciones y ni el mercado laboral ni la sociedad en su conjunto han sabido estar aún a la altura:
- Conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
- Brecha laboral y salarial.
- Reincorporación de las mujeres a sus carreras profesionales tras la baja maternal.
- Mayores dificultades para encontrar empleo siendo madre o con personas dependientes en el núcleo familiar.
- La doble jornada laboral (la remunerada fuera de casa, y la no remunerada dentro).
- La división sexual del trabajo, a la que ahora se añade además la dimensión racial.
Para todos estos problemas, la externalización de las tareas de cuidados en mujeres inmigrantes y precarias permite mejorar la empleabilidad de las mujeres autóctonas cualficadas, reincorporarse al mercado laboral con mayor facilidad y rapidez tras haber sido madres, y parchear problemas como la ausencia de políticas efectivas de conciliación y de lucha contra la discriminación laboral, etc. Farré, González y Ortega demostraron con su estudio que la llegada de mujeres inmigrantes también mejora los salarios y las condiciones laborales de las trabajadoras locales cualificadas.
Por lo tanto, es FALSO que los inmigrantes vengan a robarnos el trabajo y que presionen los salarios a la baja: la evidencia empírica indica todo lo contrario. Como siempre, los datos contradicen los prejuicios racistas.
Lo que está detrás de políticas como reducir el importe y la duración de las prestaciones de desempleo, el abaratamiento del despido, el bloqueo a la llegada de inmigrantes y las amenazas de expulsión es un intento de bajar aún más los salarios de empleos manuales que no requieren cualificación, y de empeorar sus condiciones laborales.
La consejera de empleo de la junta de Andalucía, Rocío Blanco, hizo hace unos días unas declaraciones bastante… peculiares. Admitió no entender cómo es posible que, con la tasa de paro que tiene Andalucía, haya que recurrir a la inmigración para cubrir vacantes de trabajo en los invernaderos andaluces, recogiendo la fresa por ejemplo.
La respuesta fácil es que las condiciones de trabajo son demasiado penosas y el sueldo demasiado bajo como para que acepten este tipo de empleo personas que no estén absolutamente desesperadas… o a quienes les hayan puesto una pistola en la cabeza, algo que la propia consejera de empleo admite que no pueden hacer. No es que le falten ganas, pero no se puede.
No pueden ponerle una pistola en la cabeza a los desempleados, pero están en el Gobierno, políticamente sí que pueden crear las condiciones sociales, mediante mecanismos no coactivos pero también violentos, para obligar a los desempleados a aceptar trabajos en condiciones penosas y con sueldos de miseria. No pueden ponerles una pistola en la cabeza pero sí pueden:
- Oponerse a la subida del salario mínimo.
- Reducir el número de inspectores laborales que detecten infracciones por parte de las empresas.
- Reducir el paro en tiempo y en importe hasta el mínimo imprescindible para no provocar un estallido social.
- Recortar las ayudas sociales al máximo.
- Recortar becas, encarecer guarderías, cerrar plazas de 0 a 3 años.
- Permitir que les corten la luz, el agua, el gas.
- Forzarles a recurrir a la caridad para poder comer.
- Desahuciarles de sus casas.
- Condenarles a la exclusión social.
Ponerles una pistola en la cabeza no pueden, pero tienen medidas igual de violentas y efectivas para conseguir el mismo efecto.
