Este 8M me niego a cederles el control del discurso a quienes pretenden que calladitas estamos más guapas. La única manifestación que se ha cuestionado, y eventualmente prohibido en Madrid, ha sido la del 8M. En un contexto como el actual en que los derechos fundamentales (y entre ellos el de manifestación) ni están ni pueden estar suspendidos por el decreto del estado de alarma derivado de la pandemia, las únicas manifestaciones prohibidas son las feministas.

No nos vamos a callar. Este año, ocultas por el confinamiento, nuestra voz tiene que oírse con más fuerza que nunca.

Yo, que soy poco aficionada a las consignas y menos a seguir los dictados de la agenda mediática impuesta por el poder, he decidido aprovechar hoy mi pequeño espacio de difusión que no depende de nadie para dar voz a las víctimas más silenciadas de todo el entramado patriarcal: las criaturas abusadas en el seno de sus propias familias, y a esas mujeres valientes que han decidido enfrentarse a la violencia socialmente tolerada, empezando por combatirla dentro de sus propias familias y terminando por la Administración de Justicia, esa institución que debería protegerlas a ellas y a sus hijos e hijas, y en lugar de eso se encarga de machacarlas aún más y dejar a los menores en manos de presuntos abusadores investigados por el mero hecho de que son sus padres.

Así que el vídeo de esta semana va sobre las auténticas víctimas del inventado Síndrome de Alienación Parental (SAP): hoy hablan ellas, las mujeres que denunciaron abusos hacia sus hijos e hijas, y se encontraron con que todo el sistema judicial, en lugar de proteger a las criaturas, las abandonaba a su suerte, les daba la espalda y las dejaba a merced de hombres violentos y abusivos, mientras a ellas las castigaba con toda la violencia de la que el sistema es capaz. Los prejuicios misóginos que están arraigados en nuestra cultura, se filtran a través de los operadores judiciales y se ceban en estas mujeres y en sus hijos e hijas, castigándolas por haber osado cuestionar la única figura de autoridad familiar reconocida. Cuando el interés superior del menor que debería regir los destinos de quienes recurren a la administración de justicia en busca de protección, en realidad queda supeditado al interés superior del pater familias.

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