¿Os acordáis de aquel proyecto de ley de libertades sexuales, más conocido como «solo sí es sí», que se empezó a gestar cuando las grandes movilizaciones por el caso de la Manada? Ya, es normal, solo han pasado 5 años.
Una vez que la semana pasada se aprobó por fin el anteproyecto de ley de igualdad LGTBI, con su capítulo específico dedicado a la Ley Trans, se conoce que en el Ministerio de Igualdad ya sí tienen tiempo para dedicarlo a otras cosas menos urgentes. En concreto, el martes el Consejo de Ministros tramitó el proyecto de ley sobre libertades sexuales: la reforma de todo el capítulo del Código Penal dedicado a abusos, agresiones y violencia contra la libertad sexual de las mujeres en general. No pasa nada, las 15.000 mujeres que cada año denuncian una violación en España seguro que pueden esperar un poquito más.
Personalmente, creo que este proyecto de ley (ya veremos cómo queda en la fase de enmiendas cuando llegue al Congreso) es una gran oportunidad perdida para haber planteado realmente un cambio de paradigma, del consentimiento al deseo. Se trataba de cambiar la idea de que las mujeres son seres pasivos que «consienten» mientras que la sexualidad masculina es activa, desbordante, que envite a la mujer que lucha por conservar su virtud, hasta que las defensas caen ante el asedio de conquista, cede y «consiente». Y digo esto porque la ley, que se suponía que iba a estar orientada al «solo sí es sí», al sí entusiasta y deseante, de nuevo vuelve a quedarse a medio camino, en el consentimiento. Y además lo hace de tal manera que volvemos al punto de partida: a la interpretación de los jueces
«Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona»
Imagínate que ligas con un tío en una discoteca, o en Tinder. Te gusta, quieres algo más, y subes a su casa. En un momento dado, él se pone violento, quiere hacer cosas que tú no quieres hacer, te da mal rollo y quieres parar. Pero ya tienes las bragas bajadas. Buena suerte convenciendo a un juez de que no manifestaste tu consentimiento mediante actos inequívocos. Volveremos a ver a jueces absolviendo porque ella bailó o coqueteó. Volveremos a ver jueces como el del voto particular de la manada, viendo un ambiente de jolgorio y regocijo. Qué oportunidad perdida. T
anto prometer una ley de «solo sí es sí» para acabar volviendo al punto de partida.Yo ya, honestamente, en vista de lo que llevamos de legislatura, empiezo a pensar que en Podemos no dicen la verdad ni cuando te dan la hora. Dice Lilith Vestrynge, flamante secretaria de organización de Podemos, que si en 2015 tuvieron que responder a la indignación, ahora les toca responder a la desafección política. Cabría preguntarse hasta qué punto son ellos mismos responsables de esa desafección. Por lo que a mí respecta, lo tengo bastante claro.
¿Por qué no se ha pasado a un paradigma basado en el deseo? Porque no permitiría mercantilizar previo pago el consentimiento «de mutuo acuerdo», se trata de un modelo abiertamente abolicionista, la prostitución no cabe en un modelo basado en el deseo. Y aunque la Ministra se autodeclare abolicionista, no está muy dispuesta a dar pasos en esa línea porque lo considera una cuestión «muy compleja» y que divide el movimiento feminista. No como la cuestión trans, que al parecer suscita consenso y no nos hemos enterado, supongo.
Este proyecto de ley, en cambio, sí penaliza la tercería locativa, es decir, lucrarse mediante el alquiler de espacios dedicados a la prostitución ajena, figura que fue despenalizada por el Partido Popular.
¿Qué ocurre? Que cargos públicos, cargos orgánicos y militancia de Podemos han firmado un manifiesto en contra de este punto porque consideran que dificulta encontrar espacios aptos a las mujeres que ejercen libremente el trabajo sexual. Es su argumento, no el mío. También firmaron un manifiesto de apoyo al sindicato amarillo OTRAS, cuyos estatutos fueron ilegalizados por la Audiencia Nacional al entenderse que suponían la legitimación de facto de la patronal del proxenetismo. Vamos, que por mucho que la Ministra se declare abolicionista de boquilla, lo que pasa es que tiene al enemigo dentro.
Entre las cosas buenas que tiene el proyecto de ley, que alguna tenía que tener, además de volver a introducir la tercería locativa de tal manera que los proxenetas no puedan eludir la ley con argucias legales (ya veremos cómo queda finalmente), también podemos contar la ampliación de la definición de violencia machista, que supera a la que estaba incluida en la Ley Integral Contra la Violencia de Género. Una de las críticas habituales a la LIVG es que únicamente contempla como violencia de género la que tiene lugar en el ámbito de la pareja (o relación de análoga afectividad), dejando fuera toda una serie de violencias que sufren las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. De este modo, en el nuevo texto casos como el del crimen de Betancuria, en el que el asesino se obsesiona con su víctima hasta el punto de acosarla, asesinarla y eyacular sobre su cadáver, sí quedaría amparado aunque no existiese relación sentimental. Del mismo modo, los crímenes cometidos contra las mujeres en situación de prostitución por el típico putero celoso, sí quedaría recogido en esta ley aunque tampoco exista relación sentimental, ya que aunque él si sienta vinculación afectiva, para ella es un putero más.
Otro aspecto en que el proyecto de ley mejora la actual, y que era una demanda del movimiento feminista desde el caso de la manada, es que elimina la diferencia entre abuso y agresión. En el nuevo texto, todo ataque contra la libertad sexual de las mujeres pasa a ser una agresión, y si hay penetración es violación. Los abusos desaparecen. Actualmente se considera que es agresión únicamente si media violencia y/o intimidación, mientras que el borrador de la reforma considera que todo ataque contra la libertad sexual es, en sí mismo, intimidatorio y violento, y por lo tanto no cabe esa distinción. La eliminación del concepto de abuso sexual implica también que desaparecen las multas: los delitos contra la libertad sexual serán castigados con entre uno y quince años de prisión, dependiendo de los agravantes que puedan concurrir.
Se critica mucho el «feminismo punitivo», pero lo cierto es que no hay en este proyecto de ley un incremento de las penas: lo que hay es una reformulación del concepto. Las penas quedan, de hecho, de forma muy parecida a como están ahora, y si acaso debería implicar una reevaluación por parte de jueces, que en vista de la definición de consentimiento que maneja el texto, veo bastante problemático que se de, la verdad. En cualquier caso, no cabe hablar de feminismo punitivo por cuanto no supone un incremento de las penas actuales por los delitos equivalentes, y tampoco es algo que el feminismo estuviera pidiendo. Lo que se pedía es que si hay un acto contra la libertad sexual, aunque no haya violencia explícita, sí hay intimidación y supone un acto violento, un atentado contra el cuerpo de la mujer. Eso es lo que se pedía que se tuviera en cuenta, no un aumento de las penas.
También incluye la mutilación genital, los matrimonios forzados, la trata con fines de explotación sexual, el acoso callejero… Todos estos conceptos que se encontraban dispersos, los unifica y los dota de coherencia normativa. En ese sentido, me parece un avance, un paso positivo.
Y el último aspecto positivo que encuentro es que establece asistencia y acompañamiento a las víctimas de agresiones sexuales sin condicionarlo a la denuncia. Un paso sin duda positivo ya que no todas las víctimas de agresiones sexuales están preparadas para denunciar en el momento en que son conscientes de lo vivido (de hecho, no son pocas a las que les cuesta reconocerse como tales durante años). Personalmente soy partidaria de denunciar en el momento en el que estés emocionalmente preparada. Es un proceso largo, duro, la administración pública aún no está suficientemente preparada para no revictimizar a las mujeres que denuncian, y eso cuando no directamente las deja en el completo desamparo institucional. Hay que estar psicológicamente muy preparada para dar ese paso. En ese sentido, no condicionar la asistencia que necesitan las víctimas a la denuncia me parece un paso importante y necesario.
¿Qué falta? Pues falta lo mismo que en violencia de género: presupuesto, recursos, formación y sensibilización. Cualquier iniciativa sin dinero y sin concienciar a los operadores de justicia, va a caer en saco roto. Y la definición de consentimiento incluida en el proyecto de ley va a facilitar que se sigan dando interpretaciones como la de la manada, así que por ahí no hemos avanzado gran cosa.
Como decía al principio: una gran oportunidad perdida.
